Tras las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado las redadas y deportaciones de migrantes.
Según datos oficiales, en los últimos cuatro años la agencia tramitaba al rededor de unas 43.000 deportaciones. Las detenciones se centraban fundamentalmente en aquellos migrantes que tuvieran antecedentes penales o habían violado las leyes migratorias en su entrada al país.
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¿Puede ICE deportar a una persona con residencia permanente?
La respuesta es si. La agencia se reserva el derecho de expulsar el país a cualquier persona que considere que puede ser considerado peligroso de alguna forma para la seguridad nacional.
Algunos de los motivos más recurrentes en las deportaciones son:
- Ingreso ilegal al país
- Permanencia más allá del tiempo autorizado en una visa
- Condenas penales que incluyen delitos como posesión de drogas o armas
¿Quiénes tienen mayor protección ante una posible redada de ICE?
Según ha explicado el Instituto de Políticas Migratorias, aquellas personas que cuentan con protección temporal, dígase beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) o de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), no suelen tener problemas de este tipo con migración.
Lamentablemente, hay que destacar que estos permisos o protecciones pueden ser revocadas por las autoridades gubernamentales y migratorias, lo cual dejaría a estas personas a merced de una posible deportación.
¿Dónde hay menos probabilidades de ser arrestado por ICE?
Aunque la mayoría de los arrestos se producen a través de transferencias entre cárceles y prisiones del país, puede ser que otras detenciones se lleven a cabo en lugares públicos.
Sin embargo, otros espacios como trabajos o viviendas no son tan frecuentes debido al alto impacto mediático y operativo que conlleva esta misión. Cifras ofrecidas por ICE aseguran que, en 2024, tan solo el 29% de los arrestos tuvieron lugar fuera de centros de detención.
¿Qué pasa al recibir una orden de deportación?
Aquellas personas que han sido notificadas con ordenes de deportación, como es el caso de los cubanos con I-220B, pueden verse impedidos de entrar a Estados Unidos en un período que puede ser entre cinco y 20 años.
Dependiendo en gran medida del motivo por el que se le haya expulsado del territorio norteamericano, esta expulsión puede ser permanente, por lo que la persona ya no será admitida por ningún puesto fronterizo, a riesgo de ser procesado más severamente si es descubierto en un intento de fraude.
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